Enviado por adminSintesis el Vie, 12/23/2016 – 14:21

DESCRIPCION: 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), establece en el artículo 14,  numeral 1º, la obligación que tienen las entidades estatales de “asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”.

Como manifestación de este deber, se encuentran las figuras de la supervisión e interventoría.

Consideramos de utilidad resumir brevemente el alcance y las diferencias de estas dos figuras, a efectos de ilustrar sobre ello a los funcionarios públicos de las entidades, pues en nuestras labores de asesoría hemos podido notar que no siempre tienen claros estos conceptos.

Supervisión:

Es definida por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, inciso 2º,  como “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).

Como se ejerce por funcionarios de la propia entidad, abarca también las etapas pre contractual y pos contractual.

Interventoría

La define el mismo artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 en su inciso 3, como   “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”.

Y agrega el inciso 3º: “cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”.

Diferencia entre las dos figuras:

La diferencia principal entre la supervisión y la interventoría consiste en que  el supervisor es un funcionario de la entidad y el interventor es una persona externa a la entidad, específicamente contratada.

Por ser la supervisión una labor a cargo de un funcionario, debe tenerse presente que este participa en el proceso contractual  desde la planeación hasta los actos posteriores a la liquidación, lo que generalmente no ocurre con la interventoría, pues el interventor nunca está en la etapa de planeación y sólo excepcionalmente es llamado en etapas posteriores a la liquidación, sobre todo si hay alguna controversia que deba resolverse judicialmente.

En tal sentido, nuestro llamado a los representantes legales de las entidades estatales para que tengan presente designar un supervisor para los procesos contractuales desde el momento en que se identifica la necesidad, pues se observa que muchas veces el supervisor es designado sólo cuando ya se adjudica el contrato.

De igual manera, se recomienda que desde los estudios previos se identifica si el proyecto requiere o no la contratación de un interventor y, en caso afirmativo, si será sólo de carácter técnico o lo será también administrativo, financiero, contable, jurídico,  sean todas ellas, algunas o una sola de ellas, siempre adicional a la técnica.